A raíz de la compra de fincas que realizaron unos extranjeros en la zona marítima de Manuel Antonio, en el año 1973, la entrada que da acceso a las playas de ahí,  se vio bloqueada debido a que estos nuevos dueños colocaron un portón con candado para que nadie pasara.

Un grupo de jóvenes de Quepos acostumbrados a ir a recrearse en ese lugar, varias veces tuvieron que quitar aquellos portones para ingresar, pues cada vez que ellos los eliminaban, los extranjeros nuevamente enviaban a sus empleados a instalarlos.  Cansados por la obstrucción de este paso, que estos muchachos, en su mayoría menores de edad, solicitaron apoyo a sus padres para buscar la forma de recuperar el derecho que ellos tenían desde antes, de poder llegar a disfrutar esas playas.

Fue entonces como se buscó ayuda  a través del diputado de la zona de ese entonces (1974), para que indagara una alternativa donde las playas de Manuel Antonio fueran nuevamente para el disfrute de todos los ciudadanos.  Gracias a un Decreto Ejecutivo, se estableció la orden de declarar esas tierras como un Parque Recreativo, donde se da la orden de expropiación de esas tierras y meses después es afirmado a través de una Ley de la República.

Posteriormente una alemana compra una gran parte de las fincas ubicadas alrededor del Parque y las dona al Estado Costarricense para que sean incorporadas al Parque Nacional, de manera que se amplíe el área a proteger.

Gracias a la iniciativa de aquellos jóvenes, que no permitieron que sus derechos de disfrutar aquella zona maravillosa, se violentara, la comunidad logra tener el acceso y se da el origen de lo que hoy se conoce internacionalmente como Parque Nacional Manuel Antonio.

Sin embargo, a pesar de contar con la Ley Nº 5100 que ordenó la declaratoria del Parque, al transcurrir 24 años de incumplimiento por parte el Estado, de no pagar aún las tierras que están dentro los linderos del Parque, se pone en peligro el estado del Parque.  Se  escuchaban comentarios de que los propietarios de estas fincas iban a tomar  posesión para desarrollar proyectos turísticos, razón por la cual, nuevamente interviene la acción ciudadana representada por la Comisión de Ambiente Municipal, de la Municipalidad de Aguirre, y promueve una divulgación masiva en medios de comunicación nacional sobre la problemática de Manuel Antonio.

Esta divulgación hace posible ver ante la Asamblea Legislativa, la necesidad de crear un medio que permita poder cumplir con el pago de tierras.  En el año 1998, se acuerda hacer una reforma a la Ley de Creación del Parque, añadiendo un artículo para que se establezca un fideicomiso, alimentado con el 50% de los ingresos del Parque y que sean destinado únicamente para el pago de tierras, esté sería constituido por la Municipalidad de Aguirre y el MINAE.

Al transcurrir dos años de haberse aprobado la Ley Nº 7793, que crea el fideicomiso para que se inicie con los pagos de las fincas, la Municipalidad de Aguirre y el MINAE, por falta de conveniencia, no logran firmar el fideicomiso, ya que ambos querían tener la mayoría de representantes en el contrato.  Esta situación crea disgusto ante algunos miembros de la sociedad, por la falta de responsabilidad de estas instituciones.

En el año 2000, se inicia nuevamente la lucha de modificar la Ley del Parque, de manera que no fuera solo la Municipalidad de Aguirre y MINAE quienes conformaran el Fideicomiso, sino que también se diera más participación  de la ciudadanía y se conformación de la junta Directiva, encargada de administrar los fondos.  Para este proceso se llevaron niños de diferentes escuelas por dos ocasiones a la Asamblea y se hizo un movimiento cívico en el centro de Quepos.  También se trae a la zona, a la Comisión Ambiental de la Asamblea Legislativa para que vean la importancia que tiene el Parque como promotor económico del cantón.  Es así como en el 2001, se logra aprobar la última modificación a la ley original, que tiene el Parque Nacional Manuel Antonio.

Punta Catedral

Río Savegre

Playa del Rey